Más allá de la Consulta Previa
Jorge Zavaleta Alegre Periodista
Los pueblos indígenas y originarios del Perú empiezan un nuevo y difícil camino para lograr el cumplimiento de la Ley N° 29785, que establece los principios y el procedimiento del derecho a la Consulta Previa, que el Convenio 169 de la OIT les confiere desde 1995. Fueron los gobiernos fujimorista y aprista los que violentaron la norma desde una visión errática para favorecer la inversión extranjera en la explotación de los recursos naturales, sin tener en cuenta pasos previos para tratar adecuadamente los impactos ambientales y culturales en los territorios involucrados.Los resultados de esta política exclusiva y discriminatoria, con un balance bañado de dolor y sangre, todos los conocemos.
El nuevo ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, constitucionalista y profesor universitario, al inaugurar el primer conversatorio sobre la implementación de dicha norma, ha expresado su compromiso personal y del gobierno con los fines de la ley; y, para ello, destacó que será indispensable contar con la participación de instituciones públicas, organizaciones de los pueblos amazónicos y especialistas de reconocido prestigio.
La citada Ley N° 29785, promulgada por el presidente Ollanta Humala el 31 de agosto último, entrará en vigencia dentro de 90 días, plazo para que los responsables de llevar adelante los procesos de consulta previa cuenten con el presupuesto y la organización requeridos.
Es clave el fortalecimiento del Viceministerio de Interculturalidad, porque la norma le señala la gran tarea de promover la inclusión, en un país, secularmente semifeudal, racista, fraccionado y saturado de aldeas con pensamientos coloniales.
El titular de Justicia también ha mostrado un estilo de gestión distinto que marca diferencia al papel tradicional de la mujer alejada del quehacer político y social. En esta labor de promoción colaboran los trabajadores del sector, a través de la presidencia del Cafae, una jurista especializada en derecho ambiental y relaciones comunitarias.
La Consulta Previa, según el ministro Eguiguren, faculta que "los pueblos indígenas y originarios, a través de sus organizaciones, puedan ser consultados, participar y manifestar su opinión respecto a las decisiones normativas, administrativas, planes de desarrollo, etcétera, en salvaguarda del reconocimiento al derecho que tienen, precisamente, a intervenir en lo que concierne a esos derechos colectivos que garantizan su existencia como pueblo, al aprovechamiento de su territorio, recursos naturales, y la preservación de su identidad".
El primer paso ha sido aprobar la ley. Ahora viene el cómo ponerla en marcha. Para ello será necesaria la aprobación de un reglamento que regule, defina, precise muchos aspectos técnicos y operativos que surgen de la ley, pero que son indispensables para su cabal aplicación.
En la primera jornada participaron representantes de Indepa, Defensoría del Pueblo, Confederación Nacional de la Amazonía del Perú, del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Aidesep, Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros especialistas.
La conclusión más clara y contundente fue la del líder Denis Pashan, de Aidesep: "Para qué tanta ley se preguntan los dirigentes indígenas, si en el pasado los pueblos se gobernaron solo con tres normas: No seas ladrón. No seas haragán. No seas mentiroso". Este comentario revela la necesidad de crear puentes para crear confianza y seguridad entre pueblos-gobierno-empresa para asegurar que las inversiones locales o extranjeras dejen huellas de un desarrollo estable que acabe con una mentalidad semifeudal de no muy pocos peruanos.
Fecha:29/09/2011
Director(e): Jorge Sandoval Córdova. Av. Alfonso Ugarte 873, Lima 1 Perú
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