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BID PIERDE INMUNIDAD EN TRIBUNALES DE PERU
Cambio16, Madrid
Jorge Zavaleta Alegre

CAMBIO16,MADRID

La inmunidad diplomática que exhibía el Banco Interamericano de Desarrollo – BID desde que se creó en 1960 para asistir a la Región con préstamos y asistencia técnica, ha concluido ante los fueros judiciales del Perú, con el fin de que esta financiera internacional elimine la incertidumbre con relevancia jurídica el cumplimiento de “los derechos sustanciales de los trabajadores y así contribuya a lograr la paz social en justicia”.
La reciente sentencia del III Juzgado de Trabajo de Lima – Resolución N° 18 de enero del 2011 – crea un importante precedente al obligar al BID el pago de la indemnización, más intereses legales, incluyendo costas costos, a un trabajador por sus casi veinte años de servicios, después de un agitado proceso judicial de tres años.
El juicio a la multilateral fue presentada al Poder Judicial en junio del 2008, al haberse consumado el despido arbitrario de un trabajador permanente, que laboraba bajo la denominación de “consultor”, figura con la cual la multilateral incumple, desde antaño, diversas leyes sociales, refrendadas por la OIT.
El Juzgado Laboral que admitió la demanda no pudo avanzar el proceso por evidentes presiones de altos funcionarios del Estado peruano, que participan en los convenios de créditos y cooperaciones del BID, del cual el Perú es accionista minoritario. La mayor sorpresa en esta etapa, fue el inesperado cambio del juez encargado de la causa.
Pero el nuevo magistrado, doctor Nicéforo Altos Barreto, natural de Abancay y con notable experiencia como juez distrital de Ate en la portada de la Sierra Central de Lima, que comprende el drama diario de la populosa ciudadela de Huaycán, ha podido superar los obstáculos del BID, inclusive las inasistencias a las audiencias de los representantes formales de esa poderosa financiera. La defensa del Banco está a cargo de uno de los estudios jurídicos más grandes del país, de propiedad de la familia de Mario Pasco Cosmópolis, ex Ministro de Trabajo, representante del Perú ante la OIT y recientemente presidente de la comisión especial al Vaticano para la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo II.

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Para el defensor del demandante, el abogado Mario Romero Antola, destacado jurista y profesor universitario, el BID ha puesto al descubierto una política contraria a los fines sociales que predica desde hace más de medio siglo. Este Banco se vale de contratos de servicios profesionales como estrategia para eludir pago de beneficios sociales a un personal de carácter permanente, que mantiene relaciones laborales directas y de subordinación frente a una institución que la opinión pública consideraba como promotora de las grandes reformas de los Estados de América Latina y el Caribe, incluyendo transparencia y honestidad en la gestión.
El BID ha venido evadiendo reclamos laborales y de otra índole, derivando al sistema privado de conciliación y al fuero de la OEA, en los EEUU, estableciendo una remota posibilidad de solución, que en la práctica no se ha cumplido. El BID, además de tener representaciones administrativas en cada una de las capitales de la Región América Latina y una en Europa, creó en Lima, en 1960, la primera y más grande de las delegaciones. Es más este Banco, empezó sus operaciones en la Región facilitando el primer préstamo a la ciudad de Arequipa para reconstruir su planta de abastecimiento de agua potable, destruida por el terremoto de 1958 y organizar el sistema de administración que garantizara el autofinanciamiento del servicio.
La referida sentencia del Juzgado Laboral de Lima permitirá que centenas de empleados de las multilaterales, como el BID, hagan respetar sus derechos esenciales. El Juzgado Laboral peruano, en Audiencia Única, ha declarado saneado un proceso ejemplar que tendrá repercusiones en la justicia internacional, al haber constatado en el juicio “una relación jurídica procesal válida entre las partes, luego de actuados los medios probatorios ofrecidos” y superando una diversidad de sortilegios legislativos y presiones de la defensa del Banco.
El demandante probó la validez de sus argumentos, exigiendo el cumplimiento de la Ley Procesal de Trabajo 26636, el Código Procesal Civil, La Ley de Productividad y Competitividad- Decreto Supremo 003-97 que establece que en toda prestación de servicios en forma personal, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.
El fallo judicial ha sido reforzado con profunda doctrina jurídica como “El principio de la Realidad”, sobre el cual el laboralista Américo Plá Rodríguez, refiere “este principio de la primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades o a las apariencias, que en muchos casos, como el BID, a resultas de una intención deliberada finge una situación jurídica distinta a la real”.
Tal afirmación sobre los “Principios de Derecho de trabajo” abre puertas al reclamo de quienes prestan servicios en el BID y entidades similares, sobre todo de aquellos que operan en lugares alejados de las ciudades y en difíciles condiciones de seguridad.
Son numerosos los casos que pueden ser llevados al fuero judicial. Uno de los más delicados y que se mantiene casi en secreto, es el trabajo de consultores en La Rinconada, en el Altiplano, rica zona aurífera donde reina la producción informal, el trabajo de niños y familiares y negocios relacionados con tráfico de drogas y prostitución.
Allí, hace cuatro años, la lideresa de La Rinconada y consultora en educación Elsa Checmapocco (42), la noche del 22 de enero de 2007, perdió la vida con una ráfaga de metralleta. Ella viajaba de La Rinconada-Sina a la capital de Puno, luego de una agotadora semana laboral. Sin embargo, su desaparición no ha motivado preocupación alguna de las autoridades. Dos meses después de ese lamentable hecho, la administración central del BID, decidió cumplir el protocolo con la muerte. Su respuesta fue entregarle al esposo viudo y padres de cinco hijos, una “indemnización” (pequeña colecta de los empleados en Washington vinculados al proyecto), previa ceremonia donde se leyó un discurso del presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, con la prédica de la inclusión social, la ética y la transparencia en la gestión. El reclamo de la familia Checmapocco, duerme en el silencio y la lejanía de una de las regiones más pobres del Perú.