Jorge Zavaleta Alegre
Gran interrogante que siempre se ha mantenido en reserva o no pasaba por la mente de los ciudadanos. El caso Odebrecht, empresa con sede en Brasil, favorecida en múltiples licitaciones de los más grandes proyectos de infraestructura de América Latina, comienza a plantearse públicamente la pregunta que formula el economista Manuel Romero Caro, desde Gestión, diario que fundó en 1990 cuando su país, el Perú, era gobernado por uno de los regímenes más corruptos del siglo, cuya cadena alcanza a cinco jefes de Estado.
“Una llamada a la acción. Ya no hacen falta más leyes
ni acuerdos ni nada por el estilo,
lo que hace falta es implementación”
ni acuerdos ni nada por el estilo,
lo que hace falta es implementación”
El Banco Interamericano de Desarrollo, advierte en un reciente informe la indispensable reforma para combatir el lavado de activos: Armando, experto en materia fiscal, afirma: “la corrupción empobreció a los países. Crecieron las economías, pero no se permeó la riqueza hacia abajo. La población no siente un bienestar”.
De acuerdo con el Latinobarómetro de 2017, el 53% de los latinoamericanos considera que su gobierno ha tenido un mal desempeño en el combate a la corrupción y solo el 30% se siente satisfecho con la democracia.
El fortalecimiento de la gobernanza y las políticas anticorrupción, en varios países europeos y asiáticos a mediados del siglo pasado, permitieron triplicar su PIB per cápita relativo a la mayoría de los países de América Latina.
La investigación del BID, entre junio de 2017 y septiembre de 2018, arroja conclusiones de ocho especialistas en tributación, industrias extractivas, infraestructura, sociedad civil, gobernanza e instituciones, sector privado y tecnologías de la información. El panel estuvo compuesto por Eduardo Engel, Delia Ferreira Rubio, Daniel Kaufmann, Armando Lara Yaffar, Jorge Londoño-Saldarriaga, Beth Simone Noveck, Mark Pieth y Susan Rose-Ackerman.
Los expertos coinciden en que los recientes escándalos en la Región han demostrado que la corrupción en América Latina y el Caribe es sistémica, y que abarca una compleja red de métodos y mecanismos a gran escala. La manera a través de la cual se desvían fondos se ha vuelto más sofisticada, y los sistemas de gobernanza y control de la región no están lo suficientemente desarrollados para enfrentar estos nuevos retos. Al mismo tiempo, en muchos países también se verifica lo que se llama la “pequeña corrupción” que, si bien difiere en la suma de los grandes sobornos y negociados, tiene un efecto directo sobre el ciudadano común y corriente.
Algunos países están en una mejor situación que otros. Uruguay, Chile y Costa Rica se sitúan en una buena posición a nivel mundial por los avances institucionales y legales que han realizado en las últimas décadas para fortalecer su gobernanza y control de la corrupción. Colombia y Paraguay también han mejorado sustancialmente. “Hay razones históricas de liderazgo, de reformas en la calidad institucional y el énfasis en tener un estado moderno y responsable que son características comunes en los tres países (Uruguay, Chile y Costa Rica)”, dice Daniel Kaufmann..
“El informe es una llamada a la acción. Dice muy bien y claro que ya no hacen falta más leyes ni acuerdos ni nada por el estilo, lo que hace falta es implementación”, comenta Roberto de Michele, quien fue el punto focal en nombre del BID para facilitar el trabajo del grupo de especialistas.
Pero los buenos deseos de los profesionales convocados choca al plantear el cómo garantizar la independencia y recursos del poder judicial. Promover enfoques innovadores para la cooperación e investigación judicial. Expandir la transparencia gubernamental y financiera. Monitorear la adjudicación de contratos públicos. Transformar y transparentar el financiamiento de campañas políticas. Habilitar y ampliar el uso de tecnologías para combatir la corrupción. Realizar una evaluación de la extensión y profundidad de la corrupción en todos sus niveles, entre otras.
Sin embargo, el grupo de investigadores es claro en aclarar que no se trata solamente de asegurar la calidad técnica de las leyes o las políticas públicas de integridad. Es necesario, señalan, que las reformas en el plano local incorporen a la sociedad civil y el sector privado.
En la actualidad, las redes sociales y la información en manos de ciudadanos activos tienen un potencial enorme para fortalecer la integridad en los países. “El juez Moro (fiscal jefe del caso Lava Jato) siempre dice que pudo hacer lo que hizo por la presión de la gente en la calle, por el apoyo que él sentía en la calle”, dice Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, e integrante del panel de expertos.
Los expertos dirigen la mirada a los escándalos que ponen el foco de atención en los empresarios corruptos, y a veces se pierde de vista que cada contrato obtenido con un soborno deja en el camino a un empresario que no estaba dispuesto a pagar. Entre otras ideas, los expertos recomiendan estrategias de acción colectiva en el sector privado, para asegurar que las reglas de integridad sean adoptadas progresivamente por todas las empresas del sector.
Beth Noveck, directora del GovLab afirma que la tecnología tendrá un rol clave en el combate a la corrupción: “Ahora tenemos las herramientas para determinar con cierto grado de precisión dónde están ocurriendo algunos casos de corrupción y utilizar la inteligencia colectiva para encontrar buenas soluciones para detenerla”.
MANUEL ROMERO CARO, en sucesivas crónicas viene planteado el caso Odebrechet, La más reciente es la siguiente:
Si se revisan los casos del Lava Jato Peruano (LJP) se encontrará que las cárceles están llenas de acusados de corrupción, pero no hay ninguno de los que corrompieron. En mi opinión esto es así porque los corruptores han tenido una mejor posición negociadora que los fiscales del LJP al negociar los beneficios de la colaboración eficaz (CE). Eso es evidente cuando se comparan los casos del Lava Jato Brasilero con el LJP . En el primero los fiscales desarrollaron investigaciones propias antes de negociar la CE. Logrando una mejor posición negociadora , por lo que otorgaron menores “incentivos” a los corruptores . Es así que Marcelo Odebrecht tuvo que pasar dos años de cárcel efectiva. Y ahora está con 5 años de prisión domiciliaria y luego otros 5 con otras restricciones . Casos similares experimentaron los demás directivos que se acogieron a la CE.
Colaboración eficaz
Si bien la CE es una herramienta efectiva, especialmente en casos bastante complejos, puede generar riesgos. Por ejemplo la Constructora OAS pagó $1.6 millones a sus gerentes para que ajustaran sus declaraciones a los intereses de la empresa. ¿ Y quien nos garantiza que Odebrecht (Odb), con los antecedentes que tiene, no esté haciendo lo mismo?
Una de las principales carencias del equipo especial es que prácticamente no solo no tienen investigaciones propias, sino que congelaron las que heredaron de Hamilton Castro. Siendo los dos casos más conocidos los de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano (GSP). A consecuencia de lo anterior, los que se acogen a la CE prácticamente no están en la cárcel; generándose una percepción de impunidad: entrego sobornos para asegurarme una determinada obra; en la mayoría de las veces no me pasa nada. Y si alguna vez me pasa algo, negocio una CE con bastantes incentivos y pago una reparación civil pequeña comparada con las ganancias generadas. Por lo que se genera un incentivo perverso para poder repetir el ciclo.
El privilegiar avanzar con las CE de los constructores brasileros y sus adláteres, originó menor prioridad a otras alternativas ,como las investigaciones propias , la cooperación internacional con las autoridades judiciales suizas o las colaboraciones con los socios locales. Todas ellas obtenidas a costo cero u otorgando muchísimos menos “incentivos” que los entregados a Odebrecht , OAS, etc. Y ahora recién estamos empezando a tomar conciencia de los excesivos beneficios otorgados a Odebrecht en el Acuerdo de Colaboración (ACO). Y a cambio no se ha accedido a “toda la verdad” como repetían los defensores del Acuerdo. Porque hemos recibido la verdad de solo 4 proyectos. Es así que inclusive el presidente del Poder Judicial ha manifestado que se debería evaluar la modificación del ACO . Ya que “el fin de todo acuerdo de colaboración eficaz es obtener toda la verdad” . Y si la parte que se acoge a la CE no cumple con decir toda la verdad, “la propia parte está violando el acuerdo”. (I)
Progresivo y abierto
Uno de los principales problemas del ACO no solo es haber otorgado mucho para recibir muy poco, sino que al conocerse la existencia de numerosos proyectos con sobornos y que no son los 4 del ACO, los fiscales recién informan que el acuerdo es “progresivo y abierto”. Por lo que los beneficios otorgados a Odb y sus ex ejecutivos en el ACO , también los reciben los nuevos proyectos . Es decir se le otorga igual trato a los proyectos en que Odb aceptó haber otorgado sobornos, que aquellos en que hizo todo lo posible por ocultarlos!!.
Y ahora ya se cuenta con la CE de Graña y Montero, y 18 funcionarios de esa empresa han prestado declaraciones al fiscal Juarez Atoche sobre los casos del Gasoducto; Metro de Lima (línea 1), interoceánicas sur y norte , Club de la Construcción ,etc. Y como también José y Hernando Graña se han acogido a la CE en forma independiente. Se podrá contar con un doble control para verificar si las versiones que Odb ha brindado coinciden. De lo contrario existirían pruebas adicionales que Odb no ha estado cumpliendo con el compromiso de decir toda la verdad, sin ocultar nada. Inclusive se podría ampliar la colaboración con las autoridades judiciales suizas para tener una visión más amplia de todas las graves irregularidades incurridas por Odb en nuestro país. Por lo que si el equipo especial desde un inicio, en lugar de depender excesivamente del ACO a un muy elevado costo, hubiera desarrollado una cooperación más intensa con Suiza y desarrollado más tempranamente la CE con los socios nacionales de Odb , se podría haber llegado a conocer “la verdad” de un mayor número de proyectos de Odb y a un costo mucho menor para el país.
(I)Correo 01.09.19,
Manuel Romero Caro
Sirva la Atalaya para poder darle una mirada global y una perspectiva crítica a la economía y entender los temas sectoriales, microeconómicos , y la implicancia que ellos tienen para el país.
Manuel Romero Caro. Economista por la Universidad del Pacífico. Master en economía (Virginia Polytechnic Institute and State University) y Bachiller en Administración de Empresas, además de diversos cursos de post grado en BID, ESAN, University of Notre Dame, etc.
Ha sido gerente general y Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decano del Colegio de Economistas del Perú y ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración . Luego fundó y dirigió la consultora Servicios para la Gestión Empresarial y en 1989 creó la revista Gestión que luego se convertiría en el Diario Gestión.
Se ha desempeñado también como Director Ejecutivo de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. e integrante del Directorio en diversas compañías y gremios como la Cámara de Comercio de Lima ; la American Chamber of Commerce of Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, se desempeña como director independiente en diversas empresas.
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PapeldeArbol@gmail.com
Fundado en 1992 en Lima por Jorge Zavaleta Balarezo y July Balarezo
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Asociado a Diario16 de Madrid El Mercurio Digital de España, Panoramical de Milán y Tandil news de Bs.As
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