La corrupción en Brasil y varios
países de América Latina se mantienen en vilo,
por el tremendo potencial que tienen…
En las
páginas de Gestión, diario que apareció en las calles de Lima en el año de 1990, su fundador
Manuel Romero Caro, continúa en su esfuerzo por ampliar la capacidad administrativa
y fiscalizadora del Estado, más allá de los partidos que asumen,
por acción del voto, el liderazgo político, comenta El Mercurio.
Por Manuel Romero Caro
Desde que Emilio Odebrecht (EO,
padre de Marcelo) decidiera firmar el acuerdo de delación premiada (DP), y
luego lo siguieran 77 ejecutivos de dicha firma (que la prensa brasileña
bautizara como “La delación del fin del mundo”), Brasil y varios países de
América Latina se mantienen en vilo. Esto por el tremendo potencial que tienen
las delaciones para afectar los escenarios político y empresarial de la región.
Por lo pronto, ya se ha filtrado parte de las declaraciones, y se habrían
delatado nombres de gran calibre y de todos los partidos, empezando por el
actual presidente Michel Temer”.
Es ante dicha perspectiva que,
según Folha de Sao Paulo del 06.11.2016, importantes sectores de la economía
iniciaron conversaciones con diversos parlamentarios a fin de lograr la
aprobación de medidas que limitaran los posibles daños que originaría el avance
de las investigaciones de Lava Jato (L.J.).
Aparentemente, las conversaciones
tuvieron resultados, ya que la Cámara de Diputados en la madrugada del
miércoles 30.11.2016, aprobó un proyecto de ley contra la corrupción, que
formaba parte de un paquete de las diez medidas anticorrupción presentadas por el
equipo de LJ.
Sin embargo, a dicha propuesta algunos congresistas le pusieron un agregado que permitiría acusar a los fiscales y jueces de “abuso de autoridad” y condenarlos por causas genéricas, como actuar con “motivaciones político-partidarias”. Ante dicha jugarreta, los fiscales de LJ amenazaron con renunciar en bloque. Asimismo, el domingo 4, cientos de miles de brasileños se movilizaron para exigir el retiro del mencionado proyecto de ley. Por lo se estaría gestando aún más una complicada situación política en Brasil, en el marco de crisis económica y social. Es así que si se rechazan los inaceptables cambios al paquete original anticorrupción, el presidente Temer podría resultar afectado, ya que el congresista Pimenta afirma que los parlamentarios habrían votado a favor de la destitución de Dilma Rousseff a cambio de que Temer apoyara dicho proyecto de ley.
Sin embargo, a dicha propuesta algunos congresistas le pusieron un agregado que permitiría acusar a los fiscales y jueces de “abuso de autoridad” y condenarlos por causas genéricas, como actuar con “motivaciones político-partidarias”. Ante dicha jugarreta, los fiscales de LJ amenazaron con renunciar en bloque. Asimismo, el domingo 4, cientos de miles de brasileños se movilizaron para exigir el retiro del mencionado proyecto de ley. Por lo se estaría gestando aún más una complicada situación política en Brasil, en el marco de crisis económica y social. Es así que si se rechazan los inaceptables cambios al paquete original anticorrupción, el presidente Temer podría resultar afectado, ya que el congresista Pimenta afirma que los parlamentarios habrían votado a favor de la destitución de Dilma Rousseff a cambio de que Temer apoyara dicho proyecto de ley.
Además, en una encuesta de
diciembre, Temer solo cuenta con el 10% de apoyo y el 63% pide que renuncie; habiendo perdido seis
ministros en seis meses por acusaciones de corrupción y conflicto de intereses. Y ya se han presentado dos
pedidos de destitución contra él.
En lo que se refiere a las
repercusiones del caso Lava Jato en Perú, según ha declarado al diario La
República (01.12.2016) Thaméa Danelon, fiscal federal de Brasil, “la delación premiada incluye casos de
corrupción cometidos en Perú”. Además hay que considerar que el
fiscal general adjunto, José Bonifacio Borges, manifestó que ellos “no tienen la
intención de esconder nada” sobre Ollanta Humala y otros funcionarios. Y no
descartó que un grupo de fiscales de Brasil venga a investigar sobre los nexos
de ambos países (Perú 21 del 30.03.2016).
Lo que coincide con lo precisado
por Thaméa Danelon en el sentido de que la ley brasileña establece que si un brasileño comete crimen en otro
país, es posible investigar ese caso. Por lo que, además de la investigación peruana, habría otra brasileña.
De otro lado, en noviembre, el
Ministerio Público solicitó a sus pares brasileños incluir en los acuerdos de
colaboración de Odebrecht (Odb), una cláusula que obligue a estos a informar
los presuntos actos de corrupción que alcancen a nuestro país. Conociéndose que
las autoridades brasileñas accederían a dicha solicitud (La República
04.12.2016).
Asimismo, se han dado a conocer
las declaraciones de Gustavo Navarro Valdivia, integrante del Comité Pro
Seguridad Energética de ProInversión, y ex director general de Hidrocarburos,
ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción por el caso Gasoducto Sur
Peruano (GSP); las que no solo confirman sino amplían las versiones del
colaborador eficaz TR-01-302FPCECF-2016. Afirmando que Eleodoro Mayorga, entonces ministro de
Energía, los funcionarios de ProInversión y de Odb se reunían con
Nadine Heredia, primera dama 2011-julio2016 con el presunto fin de desembarcar
al consorcio competidor de Odb para lograr la licitación del GSP.
Por lo que se exhorta a las autoridades competentes (Poder Judicial, Ministerio Público y PNP) a tener listos sus mejores cuadro para que puedan estar a la altura de las circunstancia frente a los megacasos que en un futuro cercano les tocaría enfrentar.
*Publicado, 14 de Diciembre 2016, en el Grupo El Mercurio: