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martes, 25 de octubre de 2016

¿Presupuestos Participativos para Gobiernos Subnacionales? por Marco Castillo Torres


Marco Castillo Torres
Para Papel de Árbol

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas poseemos una normativa bastante precisa para los Gobiernos Subnacionales que debieran permitir buenas prácticas de gestión. Pero  no solo son necesarias más normas sino volcar esfuerzos para acabar con esta disfunción ciudadana tan encarnada en nuestra  vida republicana.


La formulación del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, lastimosamente en la mayoría de los casos son ejercicios en los cuales la participación ciudadana es absolutamente marginal.  Esta es una de las causas  que genera un  enorme desinterés de la sociedad para  involucrarse en auténticos procesos de Vigilancia Ciudadana.

Esta observación se puede detectar, por ejemplo, en el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo que posibilitan la vigilancia ciudadana y la priorización de obras necesarias para el desarrollo local.  

Pero entre la norma y la realidad se  registra una inmensa brecha, que no se resuelve con discursos sino involucrándose directamente en el respectivo proceso, para conocer y luego corregir.

En teoría el Plan Regional o Distrital debería de contener iniciativas de gasto e inversión de las distintas Provincias,  en el primer caso; y en el segundo, debería de contener “inputs” de los distintos centros poblados y comunidades (miles), que conforman un distrito.

La primera pregunta es si el Gobierno Distrital tiene la capacidad en recursos y capital humano para realizar seriamente una tarea de tal envergadura.  La respuesta es obvia, No la tiene, entonces los planes distritales obedecen a la visión y capacidades de los formuladores que no necesariamente tienen la capacidad suficiente, ni la intuición  para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial.

La segunda pregunta surge de suponer (supuesto negado) que se elaboraran planes distritales incorporando las iniciativas de las comunidades y centros poblados de un determinado distrito. Considerando las brechas existentes no se podrán disponer de recursos presupuestales suficientes, menos aún cuando el 75 por ciento de los recursos presupuestales financian actividades del Gobierno Central, Y el 25 por ciento restante se distribuye entre 24 Gobiernos Regionales, 198 Gobiernos provinciales y 1,835 Gobiernos distritales.

Como mínimo, más del sesenta por ciento de los recursos públicos financian fundamentalmente gasto corriente de la enorme burocracia, que sigue actuando con procesos y velocidades de hace más de un cuarto de siglo. Solo basta entrar a un ministerio, organismo público o municipalidad para constatar esta frustrante realidad.

¿Que si hay excepciones?.  Seguro,  y se encuentran documentadas. Pero son solo eso, excepciones.

Lo peor es que los recursos presupuestales que financien saneamiento, salud, conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes con lo cual se condena a millones de peruanos a seguir viviendo en el atraso y con severas restricciones.

Reconociendo que el camino por recorrer para vencer al subdesarrollo es bastante largo, también es cierto que urge cambiar las prioridades para acercar a amplios sectores de la población a oportunidades y mecanismos de mercado.

Volvamos al tema de la formulación del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.  Es una lástima que en la mayoría de los casos son ejercicios en los cuales la participación ciudadana es absolutamente marginal, consecuencia  del enorme desinterés de nuestra parte de involucrarnos en auténticos procesos de Vigilancia Ciudadana.

Se aprueban los planes y presupuestos en reuniones en las cuales además de los funcionarios públicos se encuentran algunos asistentes que han sido “convocados”, “llevados” “trasladados” solo para que firmen y validen un instrumento. Y los diferentes estudios y monografías sobre dinero del  fisco nos revelan   que cuando se trata de obras, éstas ya habrían sido las “conversadas” de manera previa entre constructores y autoridades locales. Se cumple con la ley, pero en la realidad se convalidan los arreglos previos.

Lo peor vendría después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para los gobiernos subnacionales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretendería favorecer.

Esta observación que se comenta en  diferentes ámbitos sociales y económicos se encuentra como constante en los informes de la Contraloría tanto en sus exámenes especiales  a las diversas entidades públicas no solo de los Gobiernos Subnacionales sino también de las numerosas dependencias del Gobierno Central.


¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer? Este es el enorme Reto que tiene la nueva administración de Gobierno: combatir y erradicar la corrupción como práctica permanente desde la cual  una administración se se sirve desde la función pública.

A pesar de esta dramática realidad, aún tenemos esperanza de que si es posible construir un país más justo para el cien por ciento de sus ciudadanos. El nuevo Gobierno tiene esta oportunidad, debe actuar de inmediato, con señales claras y ejemplares.


22 de octubre 2016
Marco Castillo Torres, Economista, Consultor Internacional.Ex- Gerente General de la Corporación Financiera de Desarrollo y promotor de instituciones  de  apoyo para la pequeña y mediana empresa.

BID y LA SALUD MENTAL EN AMERICA LATINA, por Jorge Zavaleta Alegre/

Copyright © 2016. Banco Interamericano de Desarrollo
Por Jorge Zavaleta Alegre.
"La Salud Mental representa entre el 1% y el 6% del presupuesto sanitario en
América Latina"

En América Latina, entre el 1% y el 5% del presupuesto sanitario se destina a salud Mental  y de  éste, más del 50% se gasta en hospitales psiquiátricos, según un diagnóstico de la Organización Panamericana de la Salud del presente año.

Si bien en toda la región esto representa una gran falencia de servicios, en países como Perú y Colombia, que viven o  han vivido fenómenos de violencia como Sendero Luminoso, Movimiento Túpac Amaru  y las  FARCS, existen miles de personas cuya salud mental requiere atención efectiva.
En Perú, el 85% de las personas no acceden a servicio de salud mental. Dentro del presupuesto de salud, solo el 1,5% se invierte en salud mental, el 22% se destina alas redes de atención  primaria, precisa la Organización Mundial de la Salud.

Hace poco más de un año se instaló la dirección de salud mental a nivel nacional como órgano rector. Pero del mismo modo que en otras partes de América Latina, existen déficits de Profesionales e infraestructura en los servicios de salud, escaso involucramiento de los gobiernos regionales y locales y escasa participación comunitaria en el ámbito de la salud mental.

A su vez, existen pocas organizaciones de la sociedad civil que proveen apoyo en esta área,  aunque existen cientos de pacientes con condiciones como trastorno de pánico y agorafobia, un  miedo y ansiedad intensas a  estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda.

Existen ejemplos en otros lugares como Madrid, en donde organizaciones como la Asociación Madrileña de Agorafobia (AMADAG) realizan tanto terapias grupales como individuales y acumulan una gran experiencia en el manejo de la ansiedad y las situaciones ligadas a ésta que ocurren durante el tratamiento de  trastornos que limitan la vida de muchos pacientes.

El caso de Cuba
En Cuba, el 25% de las personas que acuden a las instalaciones de salud han sido diagnosticadas con depresión. Este país tiene la tasa más alta de suicidios en las Américas y el Caribe, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Siendo la salud de la población una prioridad nacional, no es sorprendente que el Ministerio de Salud Pública, en un esfuerzo intersectorial, que incluye las familias y las comunidades, haya fortalecido y ampliado  su Programa Nacional de Salud Mental.

La psiquiatría se ha orientado hacia la Atención Primaria de forma que se han integrado este tipo de servicios dentro de las comunidades y adoptado estrategias  preventivas. Existen 17 hospitales especializados en psiquiatría y desde 1995, se establecieron servicios psiquiátricos en todos los hospitales generales y pediátricos del país. Además, se lanzó un sistema nacional formado por más de una centena de centros comunitarios de salud mental.

A partir de 1995 tuvo lugar una innovación que fue la introducción de los “hospitales de día”, que son servicios psiquiátricos ambulatorios establecidos en la comunidad, donde las personas con trastornos mentales más severos pero que no requieren hospitalización, pueden estar de lunes a viernes. Los hospitales de día operan a partir de los centros comunitarios de salud mental y ofrecen servicios adicionales de acuerdo con las necesidades.

Si bien la situación en Perú y Cuba muestran diferentes necesidades y formatos de ofrece servicios de salud mental, hay muchos otros países como Alemania, Italia, España que tienen  modelos que podrían servir como ejemplo, y que emergieron después de la II Guerra Mundial, según explica  Amaitlp, organización que ayuda a personas con Trastorno Límite de la Personalidad y a sus familias.
¿Cuál es la situación de la salud mental en el tu país? Cuéntanos en la sección de comentarios abajo o mencionando a@BIDgente en twitter.

Jorge Zavaleta Alegre  agregado de prensa en la Embajada de la República de Italia, Centro Italiano de Cultura, Fondo Ítalo Peruano  y PNUD.