Jorge Zavaleta Alegre. Lima/Washington.- El golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, liderada por el general del Ejército Juan Velasco Alvarado, en 1968, fue la oportunidad que perdió el Perú para iniciar la transformación de un país feudal en una progresiva economía social.
Esta es una de las conclusiones a la que nos conduce la lectura de La Revolución que sacudió al Perú, Editorial Mitin, publicado por María Delfina Alvarez Calderón A (Lima, 2 de octubre de 1930) con una licenciatura en Historia por la PUCP (Universidad Católica de Lima) y Enrique Alvarez Calderón G (abril 1920), especialista en Relaciones Públicas y funcionario de la International Petroleum Company, y en la Compañía Petróleos del Perú creada en 1968, y autor de Memorias 2013.
Ambos autores reconstruyen en base de tres testimonios y catorce entrevistas a protagonistas en la gestión pública de ese gobierno militar, poniendo énfasis en la etapa previa del retorno a la “democracia en 1980, luego de doce años de una revolución”
Los autores examinan e inciden en las ideologías que prevalecieron durante el gobierno revolucionario y que convivieron enfoques radicales. Fue una administración asumida institucionalmente por las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos pusieron especial interés en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), la notable presencia del Instituto Nacional de Planificación, de los sectores de la producción, la cultura, el Sistema Nacional de Movilización Social – Sinamos, una cancillería vinculada al Tercer Mundo y a los No Alineados.
Después de casi medio siglo, sin duda esta publicación es oportuna, y sus autores perciben al gobierno militar, en su primera y segunda fase como un todo coherente. Se considera que en la segunda fase siempre estuvo vigente el pensamiento y la acción del presidente Juan Velasco (Piura, 1910 - Lima, 1977), quien fue agregado militar en Francia y cuya muerte concitó una de las manifestaciones más grandes y masivas de la historia republicana.
En la investigación, los autores afirman que la presidencia de Francisco Morales Bermúdez Cerruti (Lima, 4 de octubre de 1921), comenzó a romper el andamiaje de la primera fase.
Esa quiebra del proyecto inicial, conviene precisar, provocó un creciente descontento popular y un clima para la emergencia de movimientos anarquistas y violentos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Velasco dio un golpe de Estado, que derrocó al arquitecto Fernando Belaúnde, quien inició una tibia reforma agraria, la cual fue radicalizada por el gobierno revolucionario.
Apoyándose en los estamentos nacionalistas del Ejército se fue desarrollando el proceso, pero las agrupaciones y pequeños partidos de izquierda, incluyendo el gremio magisterial, no comprendieron los alcances de las reformas.
Inclusive la llamada derecha económica, dueña de las minas y de las tierras, tampoco percibió el proceso. Su falta de visión se opuso al cambio estructural.
En el siglo XXI se ha reconstruido la propiedad de la tierra para aumentar la exportación primaria de alimentos y una minería trasnacional, incluyendo inversiones con “bonos buitre”.
La política reformista, antiimperialista para los simpatizantes de la primera fase, significó la nacionalización de las empresas petrolíferas norteamericanas y británicas. También la reforma del poder judicial, de la banca, la minería y la industria, en búsqueda de una mayor participación popular en la vida económica y política del país.
Este proyecto tuvo alguna cercanía con el Ecuador y Panamá. Mientras las fuerzas armadas de Chile, Argentina, Brasil impulsaban economías de libre mercado con intensa represión contra los opositores, como ocurrió con Pinochet y Videla, condenados por Tribunales Internacionales por violación de DDHH.
En 1972, el gobierno de Velasco reanudó relaciones con el Gobierno de Cuba, y la izquierda consideraba de insuficientes esas. El 29 de agosto de 1975, Velasco fue relevado de la presidencia por un movimiento institucional encabezado por el general Morales, quien auspició el retorno a la democracia tradicional.
Llegamos a octubre del 2016, la pobreza y sobre todo la inequidad en Perú continúan siendo problemas centrales, no obstante los progresos obtenidos con el aumento de las exportaciones mineras y agrícolas.
La Tasa de crecimiento del empleo entre el 2012 al 2016 fue 1% anual, y continúa decayendo. La concentración del ingreso es tan alta. Se calcula que en el uno por ciento de la población nacional se concentra el 99 por ciento de los ingresos.
Si comparamos los gobiernos desde 1990 al 2016, estos están sembrados de corrupción. Con un Fujimori, condenado a 25 años de prisión y la pareja Humala-Heredia, es acusada por su vinculación con la firma Odebrecht del Brasil y el Gasoducto Sur Peruano, sobrevaluado en más de 14 mil millones de dólares, cuando en el 2015 fue denegado y valorizado solo en 3,500 millones de dólares norteamericanos.
Los sectores más pobres continúan concentrándose en las áreas rurales, principalmente en la sierra sur.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1990 calcula el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que clasifica a los países a partir de un índice compuesto por el PBI por habitante, la esperanza de vida al nacer, la alfabetización y la matrícula escolar.
Durante los últimos cinco años el número de trabajadores migrantes que habitan en América Latina y el Caribe subió de 3,2 a 4,3 millones, y muchos más transitan por corredores migratorios rumbo a otros lugares del mundo. Los peruanos ocupan uno de los primeros lugares.
A manera de conclusión, La Revolución que sacudió al Perú, remarca que la Fuerza Armada irrumpió en su conjunto para transformar profundamente esas estructuras (obsoletas) a fin de modificar el status vigente en los campos de la política, la economía y la agricultura. Pero en 1980 se cerró uno de los episodios más importantes de la vida republicana.
Esta es una de las conclusiones a la que nos conduce la lectura de La Revolución que sacudió al Perú, Editorial Mitin, publicado por María Delfina Alvarez Calderón A (Lima, 2 de octubre de 1930) con una licenciatura en Historia por la PUCP (Universidad Católica de Lima) y Enrique Alvarez Calderón G (abril 1920), especialista en Relaciones Públicas y funcionario de la International Petroleum Company, y en la Compañía Petróleos del Perú creada en 1968, y autor de Memorias 2013.
Ambos autores reconstruyen en base de tres testimonios y catorce entrevistas a protagonistas en la gestión pública de ese gobierno militar, poniendo énfasis en la etapa previa del retorno a la “democracia en 1980, luego de doce años de una revolución”
Los autores examinan e inciden en las ideologías que prevalecieron durante el gobierno revolucionario y que convivieron enfoques radicales. Fue una administración asumida institucionalmente por las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos pusieron especial interés en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), la notable presencia del Instituto Nacional de Planificación, de los sectores de la producción, la cultura, el Sistema Nacional de Movilización Social – Sinamos, una cancillería vinculada al Tercer Mundo y a los No Alineados.
Después de casi medio siglo, sin duda esta publicación es oportuna, y sus autores perciben al gobierno militar, en su primera y segunda fase como un todo coherente. Se considera que en la segunda fase siempre estuvo vigente el pensamiento y la acción del presidente Juan Velasco (Piura, 1910 - Lima, 1977), quien fue agregado militar en Francia y cuya muerte concitó una de las manifestaciones más grandes y masivas de la historia republicana.
En la investigación, los autores afirman que la presidencia de Francisco Morales Bermúdez Cerruti (Lima, 4 de octubre de 1921), comenzó a romper el andamiaje de la primera fase.
Esa quiebra del proyecto inicial, conviene precisar, provocó un creciente descontento popular y un clima para la emergencia de movimientos anarquistas y violentos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Velasco dio un golpe de Estado, que derrocó al arquitecto Fernando Belaúnde, quien inició una tibia reforma agraria, la cual fue radicalizada por el gobierno revolucionario.
Apoyándose en los estamentos nacionalistas del Ejército se fue desarrollando el proceso, pero las agrupaciones y pequeños partidos de izquierda, incluyendo el gremio magisterial, no comprendieron los alcances de las reformas.
Inclusive la llamada derecha económica, dueña de las minas y de las tierras, tampoco percibió el proceso. Su falta de visión se opuso al cambio estructural.
En el siglo XXI se ha reconstruido la propiedad de la tierra para aumentar la exportación primaria de alimentos y una minería trasnacional, incluyendo inversiones con “bonos buitre”.
La política reformista, antiimperialista para los simpatizantes de la primera fase, significó la nacionalización de las empresas petrolíferas norteamericanas y británicas. También la reforma del poder judicial, de la banca, la minería y la industria, en búsqueda de una mayor participación popular en la vida económica y política del país.
Este proyecto tuvo alguna cercanía con el Ecuador y Panamá. Mientras las fuerzas armadas de Chile, Argentina, Brasil impulsaban economías de libre mercado con intensa represión contra los opositores, como ocurrió con Pinochet y Videla, condenados por Tribunales Internacionales por violación de DDHH.
En 1972, el gobierno de Velasco reanudó relaciones con el Gobierno de Cuba, y la izquierda consideraba de insuficientes esas. El 29 de agosto de 1975, Velasco fue relevado de la presidencia por un movimiento institucional encabezado por el general Morales, quien auspició el retorno a la democracia tradicional.
Llegamos a octubre del 2016, la pobreza y sobre todo la inequidad en Perú continúan siendo problemas centrales, no obstante los progresos obtenidos con el aumento de las exportaciones mineras y agrícolas.
La Tasa de crecimiento del empleo entre el 2012 al 2016 fue 1% anual, y continúa decayendo. La concentración del ingreso es tan alta. Se calcula que en el uno por ciento de la población nacional se concentra el 99 por ciento de los ingresos.
Si comparamos los gobiernos desde 1990 al 2016, estos están sembrados de corrupción. Con un Fujimori, condenado a 25 años de prisión y la pareja Humala-Heredia, es acusada por su vinculación con la firma Odebrecht del Brasil y el Gasoducto Sur Peruano, sobrevaluado en más de 14 mil millones de dólares, cuando en el 2015 fue denegado y valorizado solo en 3,500 millones de dólares norteamericanos.
Los sectores más pobres continúan concentrándose en las áreas rurales, principalmente en la sierra sur.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1990 calcula el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que clasifica a los países a partir de un índice compuesto por el PBI por habitante, la esperanza de vida al nacer, la alfabetización y la matrícula escolar.
Durante los últimos cinco años el número de trabajadores migrantes que habitan en América Latina y el Caribe subió de 3,2 a 4,3 millones, y muchos más transitan por corredores migratorios rumbo a otros lugares del mundo. Los peruanos ocupan uno de los primeros lugares.
A manera de conclusión, La Revolución que sacudió al Perú, remarca que la Fuerza Armada irrumpió en su conjunto para transformar profundamente esas estructuras (obsoletas) a fin de modificar el status vigente en los campos de la política, la economía y la agricultura. Pero en 1980 se cerró uno de los episodios más importantes de la vida republicana.
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