Jorge Zavaleta Alegre
La impunidad cultural y la impunidad moral vienen a veces a sumar su efecto a la impunidad legal
La capacidad que tiene cada cultura de regular, interpretar y justificar o no ciertos comportamientos ofrece claves vitales para comprender y hacer frente a los problemas que confluyen en la actual crisis integral, cuyo ángulo más visible es la seguridad ciudadana en América Latina que no puede ocultar la pobreza de grandes mayorías.
La obra escrita de Jorge Eduardo Eielson (Lima, 1924 – Milán, 8 de marzo de 2006) ha tomado forma en géneros diversos: poesía, cuentos, novela, ensayo, diálogos, cartas. Lo mismo ocurre con su obra plástica, ensamblaje, instalación, performance, evento, escultura, arte conceptual.
Este peruano ilustre, como señala el libro Arte Poética, 750pp, publicado por la Pontificia Universidad Católica, la cultura de nuestros mejores intelectuales es muy rica, pero escasamente reconocida. Precisa en su primer capítulo: “Una escalera sostenida en la arena: La construcción poética escrita y no escrita de Jorge Eduardo Eielson”.
Platón en su célebre tratado La República, expulsa a los poetas porque no son aptos para gobernar. Y la historia contemporánea ratifica, en efecto, que la política en los países menos desarrollados, es liderada por la improvisación, ciudadanos que aparentan amplios conocimientos sobre el Estado. Y la verdad, nos encontramos en cada instante con el reina de la copia fiel de manuales de la Banca Multilateral y además sin su debida lectura y análisis.
Confundir crecimiento para pocos con subdesarrollo para muchos
Por ejemplo, es penoso el discurso de los ministros , en particular el reciente pronunciado por el ministro del Interior del Perú, José Luis Pérez Guadalupe, cuyo cargo concluye con el régimen huamalista el 28 de julio próximo - una de las más penosas administraciones que ha confundido como estrategia de gobierno, el crecimiento macroeconómico con el subdesarrollo nacional.
Este ministro del Interior, al igual que viceministros y funcionarios que se camuflaron en el “nacionalismo”, incluyendo ex guerrilleros, acaba de anunciar medidas para reducir los índices de inseguridad ciudadana, como la eliminación de las licencias de armas de fuego, sin mayor análisis de la realidad y comparando la dimensión de los EEUU, la primera potencia económica del mundo y sede de las más importantes universidades y especializadas en los diferentes campos de la administración del Estado.
"Antes el delincuente se ganaba su arma, ahora es distinto, a los chibolos les dan las armas por doquier. En Ecuador se eliminó las licencia de armas de fuego, aquí se podría plantear", declara el ministro de Estado, acosado por una realidad que rebasa el contexto de su comentario irresponsable.
"Debemos tomar decisiones radicales. Eliminar las licencias de armas de fuego o en todo caso subir las penas por posesión ilegal", precisó.
El Banco Interamericano de Desarrollo, semanas atrás ha publicado una serie de “aportes” sobre “Seguridad Ciudadana y Justicia”, para sublimar las consecuencias del modelo de libre mercado, eludiendo explicaciones estructurales relacionadas con las causas de la violencia social, como si fuera un fenómeno espontáneo, cuando brota de una realidad compleja, donde hay mucho hambre, informalidad, y corrupción desde la cúpula palaciega (caso Odebrecht y el Gasoducto Sur Peruano) hasta el alcalde del distrito más lejano. Y empresarios como un presidente de la Cámara Peruana de Construcción – Capeco, que ha huido del país, perseguido por la SUNAT por evasor de impuestos.
El BID, en “Más inclusión social: Lecciones de Europa y perspectivas para América Latina”, elaborado por Ibarrarán, Pablo; Medellín, Nadin; Stampini, Marco; Jara, Patricia; Pérez Eransus, Begoña; Parsons, Jana (Feb 2016), explica que nuestra Región ha avanzado tanto en la reducción de la pobreza y, en menor medida, de la desigualdad como en el fortalecimiento de instituciones para la implementación de la política social.
“Tras la exitosa adopción de programas de transferencias monetarias condicionadas, en la mayoría de los países de la región ha surgido la necesidad de políticas complementarias que promuevan la inserción social y productiva de la población pobre y vulnerable, reconociendo que la pobreza y la vulnerabilidad tienen múltiples causas”.
La monografía revisa el concepto de servicios sociales. Diego Aboal, Jorge Campanella, Bibiana Lanzilotta, estiman algunos de los costos asociados a la criminalidad y la violencia en Uruguay. El método utilizado es el de la contabilidad de costos.
“Crimen, castigo y decisiones de escolaridad: evidencia de adolescentes colombianos”, de Ana María Ibañez, Catherine Rodríguez, David Zarruk, revela que, posterior a una disminución exógena en la gravedad del castigo judicial impuesto a adolescentes colombianos, aumentaron los índices de criminalidad en los barrios colombianos.
El valor de los inmuebles y las favelas
“El impacto de la sensación de seguridad frente a la delincuencia respeto al valor de los inmuebles residenciales en las áreas metropolitanas brasileñas”, según David Vetter, Kaizo Beltrao, Rosa M.R. Massena, tiene relativo efecto “utilizando un modelo hedónico de alquileres residenciales para las áreas metropolitanas” que aumentaría los valores promedio de las viviendas US$ 13,6 mil millones si se aplica a todos los 18 millones de hogares en la zona de estudio.
En suma, “gobernar la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Amenazas, desafíos y nudos estratégicos de gestión”, según Beliz Gustavo, los principales retos que enfrenta la gestión de las políticas de seguridad ciudadana a nivel regional, desde la perspectiva de un nuevo modelo de Estado que provea con mayor eficiencia un bien público básico para propiciar el desarrollo con equidad para América Latina y el Caribe.
Tras repasar los múltiples costos (sociales, económicos, de confianza institucional) que las diferentes clases de violencia suponen para los países y habitantes de la región, se analizan nudos estratégicos desde la perspectiva de la gestión de calidad de las políticas de seguridad ciudadana.
Haría bien el ministro, los ministros del gobierno y el propio gobernante de revisar “El Diálogo Regional de Política de la Red de Seguridad Ciudadana, a la que convocó el BID en Washington DC el 10 y 11 de septiembre de 2012”
Este libro argumenta una base de conocimiento internacional que puede servir de apoyo a la prevención de la violencia y el delito en la región. De ella se desprenden ejemplos de intervenciones con impacto para enfrentar problemas específicos, así como una metodología rigurosa para diseñar e implementar proyectos y evaluarlos.
Los determinantes de la percepción de inseguridad frente al delito en México, se pregunta Carlos Vilalta Perdomo: ¿Qué determina la sensación de inseguridad frente al delito y qué podemos hacer al respecto?
En este estudio, se propone y pone a prueba un modelo correlacional que combina diferentes determinantes teóricos de la inseguridad y el miedo al crimen. La prueba se realiza en México y en dos ámbitos específicos: el nacional y el del Área Metropolitana de la Ciudad de México.
Los hallazgos sugieren la implementación de acciones de mayor civilidad en los ámbitos de la colonia y la localidad y el impulso de una relación de mayor confianza con la policía local para reducir significativamente la sensación de inseguridad.
El trabajo de la policía en todos los países es de Prevención y deberían estar para eso, toda ayuda les viene bien pero cuando hay corrupción o desinterés no importa si se hacen todo los consejos mencionados, todo se derrumba, “son pocas las personas quienes saben el verdadero poder que tienen y les digo tienen la capacidad de bajar los índices de delincuencia si es que así se proponen hacerlo, y si ahí aumentó es porque así lo quieren, es por esto que a veces les cuesta trabajar con gobernantes de los municipios por que se les da toda las comodidades y no siempre dan resultados esperados por causa de su estructura corrupta.
El concepto de “seguridad ciudadana” privilegia elementos como un Estado responsable y una ciudadanía proactiva. Asimismo, una evaluación reciente del Instituto Igarapé ha contado no menos de 1.350 programas de seguridad ciudadana y proyectos en toda América Latina y el Caribe desde 1998. Otra evaluación de actividades similares en Sudáfrica produjo casi 60 iniciativas, aunque el número es probablemente mucho más alto.
Por supuesto hay muchas variables que son únicas a cada territorio, y uno debe moderar la tentación de generalizar.
A manera de conclusión:
“Antípodas de la violencia: Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América latina”, examina la relación entre cultura y seguridad ciudadana en ocho ciudades latinoamericanas.
La distribución mundial de los homicidios y los suicidios muestra enormes diferencias entre países cuya explicación no puede sino reconocerle un peso grande a las diferencias culturales.
La impunidad cultural y la impunidad moral vienen a veces a sumar su efecto a la impunidad legal.
