Jorge Zavaleta Alegre
La reducción de la pobreza se ha estancado desde 2012 y la indigencia muestra una leve tendencia al alza.
Además, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso.
Según las últimas estimaciones de la CEPAL para 19 países de la Región , en 2014 existían 167 millones de personas en situación de pobreza (28% del total de la población), de los cuales 71 millones (12% del total de la población) se encontraban en la indigencia.
Teniendo en consideración esta cruda realidad, el economista Manuel Romero Caro, fundador en 1992 de GESTION, el primer diario de Economía del Perú, plantea la necesidad de que los candidatos a la presidencia de la República que suman nada menos que 19 postulantes, deberían dar a conocer sus planes y acciones, empezando por los primeros cien días al frente de un eventual gobierno.
Como parte de esa sugerencia señala la conveniencia de debatir abiertamente la Reforma del Estado, a partir de una modernización de la administración pública.
En un reciente Foro de Pro Ética se reveló que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha descubierto que servidores públicos se valen de sus empresas para hacer negocios con el Estado.
El Foro Pro Ética permitió remarcar la necesidad de asegurar la Carrera Pública, al conocer que según OSCE, numerosos servidores públicos violando la norma han suscrito contratos con el Estado con sus empresas por más 37 millones 600 mil soles, problema que plantea la Reforma del Estado, asegurando el derecho al trabajo y la Carrera Pública.
En el Informe de la Oficina de Estudios Económicos de OSCE, aparecen violaciones a la norma de no contratar con el Estado, por parte de autoridades de Huánuco, del concejo provincial del Cusco, de Abancay, Apurímac y otros, y no descarta una investigación más amplia que constate similares violaciones de congresistas de regiones.
La Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 10, al igual que la nueva Ley 30225, precisa que los gobernadores y consejeros regionales, los alcaldes y regidores no pueden ser postores ni contratistas, en el ámbito de su región mientras dure su cargo hasta un año después
Actualmente, según la entidad pública SERVIR, trabajan 1.4 millones de servidores públicos, y se estima que cada año ingresan cuarenta mil nuevos servidores al Estado.
Para modernizar el Estado y desarrollar mejor la actual economía agro minera de exportación, diversos institutos de investigación como Grade, CEPAL, Oxfam, recomiendan que es indispensable promover la innovación y la industrialización y para cumplir con estos objetivos es necesario disponer de partidas suficientes para la modernización de la administración pública.
Según un informe de la Oficina del Primer Ministro, en el 2011 absorbía a 1.4 millones de servidores, con un costo de 22,300 millones de soles, cerca al 30% del presupuesto público.
Los problemas que tiene la administración pública, según un resumen de la PCM son la falta de planificación y dirección coherente, distintos regímenes laborales con diferentes reglas de juego, abuso de contrataciones temporales, distorsión del sistema de remuneraciones y alta dispersión normativa. “La planilla pública aumenta año a año en alrededor de mil millones de soles. Si en el año 2000 el costo era de 6,200 millones de soles en el 2011 el costo fue 22,300 millones de soles”, precisa el informe.
La Reforma del Estado que figura en múltiples diagnósticos de CEPLAN, Servir, MEF, PCM, coinciden con Apoyo, cuya encuesta señala la ausencia a de un sistema ordenado de servicio civil en el Estado, y sólo el 9% de estudiantes universitarios aspira a trabajar en el Estado al terminar su carrera. Las evaluaciones anuales generan 4 tipos de personal: rendimiento distinguido, buen rendimiento, sujeto a observación y de ineficiencia comprobada.
El personal del Estado está integrado a través de tres regímenes: Decreto Legislativo 276 (carrera pública), Decreto Legislativo 728 (régimen de acuerdo a normas para el sector privado) y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
La Reforma del Estado demanda la profesionalización del servidor público para hacer posible una administración capaz y responsable de sus funciones para innovar procesos y decisiones acertadas.