América Latina vive un momento interesante en la búsqueda de
más libertad de prensa. La Corporación
Andina de Fomento – CAF, décadas atrás
promovió el premio de promoción de la integración subregional y la libertad
de prensa. Los ganadores fueron periodistas
seleccionados por un jurado distante del quehacer periodístico para no
caer en los mismos vicios de fallos que casi siempre benefician a los más allegados
al poder político de turno.
Ese premio incluyó visitas a empresas privadas y públicas,
diálogo con ministros, especialmente de educación y economía, y entrevistas con los presidentes de Bolivia,
de Venezuela, del Ecuador, en otros.
Los periodistas participantes tuvimos ocasión de exponer algunas limitaciones
para tratar de atender las demandas
e inquietudes del lector. El caso más ilustrativo sobre el ejercicio de la
libertad fue el que expuso una periodista de El
Comercio de Quito, fundado en 1906, por los hermanos César y Carlos Mantilla
Jácome. Recordó ella, que en una mañana diáfana
se acercó a la dirección del diario un
ciudadano de edad avanzada para exigir la rectificación de una noticia que daba cuenta de su matrimonio con
una dama guayaquileña, y que según él no era verdad y que dicha versión le provocaba incomodidades dentro y fuera de su entorno social.
Ante el reclamo, el
director del diario le respondió que sería imposible la rectificación, porque no era costumbre de su diario atender solicitudes de esa y de otra
naturaleza por parte de ningún lector.
El ciudadano afectado, insistió en su derecho, incluso decidió
pagar, en exceso, el costo del aviso
para superar el error informativo. Pero para
sorpresa del reclamante, el director del periódico, con voz calmada pero firme, le respondió: “Mi
diario nunca se rectifica. Si El Comercio ha publicado su matrimonio, esa
versión es cierta y Ud. seguirá casado
en tanto el diario exista. Le ruego
retirarse de esta redacción”.
En el Perú, la mayoría de los periódicos estuvo bajo el
control de una sola mano durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos (1990-2000), quienes dispusieron de fondos públicos para comprar la
línea editorial de algunos medios, como está judicialmente acreditado. Y
cualquier voz discrepante, sufrió hasta juicios, como el semanario español Cambio16 - América, que en
1994 fue requisado y sus representantes fueron sometidos a un juicio que tras cuatro
años fue archivado.
Esta y muchas otras anécdotas
retratan los limitados horizontes que tiene la libertad de prensa. Gracias a la actual revolución
tecnológica de las comunicaciones se han
abierto más espacios para ampliar los Derechos
Humanos y la Ética periodística. Sin embargo, la antigüedad y la tradición de los antiguos
periódicos, estimula la pretensión
monopólica de la información y la publicidad del mercado.
En el 2013, asistimos a una coyuntura que violenta nuevamente la
libertad de prensa. Veamos qué ocurre
en el Perú. El diario El Comercio, fundado en Lima, en 1839, propiedad de una sola familia, acaba de sumar a la
propiedad de cinco diarios y dos canales de TV, la cadena Epensa, conformada una red nacional de los
diarios Correo, Ojo, Aja y Bocón. De esta manera, el grupo El Comercio, desde
el 21 de agosto del 2013, cuenta con el
78% del mercado de diarios del país.
Los primeros en protestar son los directivos de La República, cuyo dueño Gustavo Mohme también
comparte con el grupo El Comercio la
propiedad del canal América TV. Este empresario argumenta que según la Constitución
peruana la prensa no “puede ser objeto
de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por
parte del Estado ni de particulares”, al mismo tiempo que revela que la familia
propietaria del grupo Epensa ha incumplido
el compromiso ya pactado de unirse a la República.
Una vez más se pone en evidencia que la libertad empresarial
no coincide siempre con el ejercicio de
la libertad de prensa. Desde el Canal N, del Grupo El Comercio, se afirmó que el
Grupo La República tendría una
componenda política en línea con los intereses del presidente ecuatoriano
Rafael Correa, versión que el propio medio se encargó de desmentirla.
El ciudadano se
pregunta: ¿Gana o pierde la democracia con la compra? ¿Se afianzan las libertades
de prensa, de expresión y pensamiento? ¿Ha sido afectada la pluralidad de los
periódicos con la adquisición?.
El Grupo El Comercio, antes de adquirir Epensa bordeaba el
50% del mercado nacional de venta de diarios. Epensa, grupo ligado a la familia Banquero Rossi, cuya fortuna fue construida en los años sesenta con el boom de pesca y la fabricación de harina de pescado. Sus diarios representaban el 29% y el Grupo
La República, 17 % del total.
La República buscaba equilibrar la posición del Grupo El
Comercio, lo que contribuiría a una competencia más sana en beneficio de la
pluralidad de voces periodísticas, de los lectores y de los anunciadores entre
otros.
Las publicaciones “El Comercio”, “Perú.21”, “Gestión”,
“Trome”, “Depor”; y por otro, “Correo”, “Ojo”, “Ajá” y “El Bocón”, serían
comercializados en adelante por un mismo grupo. Gestión, diario especializado en economía, cuando se fundó en 1990 mantuvo una linea de opinión muy amplia, que dio espacios permanentes a las más diversas agrupaciones políticas, cuya estructura fue saludada por sus lectores. Desde el 2008, al ser adquirido por el grupo El Comercio, cierra sus espacios y se suma al conservadurismo tradicional.
El artículo 61° de la Constitución señala que: “El Estado facilita y vigila la libre
competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones
dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni
establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de
expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y
servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no
pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni
indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.
El caso peruano excede lo que la Unesco llama “niveles
inaceptables de concentración” de la prensa. La Unesco considera que las autoridades deben velar para “evitar
las concentraciones excesivas de propiedad de los medios” y debe asegurar los
canales necesarios para que “los grupos de la sociedad civil y la ciudadanía en
general participe activamente de la promoción y ejecución de las medidas para
fomentar el pluralismo mediático”.
El estudio de la
Unesco del 2008, “Indicadores de
Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de
comunicación social”, menciona el concepto “niveles inaceptables de
concentración” de la prensa.
La Unesco señala en ese ámbito que las autoridades “deben
tener el poder de hacer desinvertir en las operaciones mediáticas cuando se
amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración, e
imponer sanciones cuando sean requeridas”.
La historia latinoamericana está saturada de hechos que han
provocado la concentración del poder y
generado la consecuente la dictadura. La
falta de pluralidad de ideas, no dejaría ver las consecuencias que acarrea un
monopolio.
La problemática peruana, nos lleva nuevamente al Ecuador para
analizar la nueva Ley de Comunicación del gobierno del Presidente Correa. La
Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (Aedep) alerta sobre un
eventual control "asfixiante" del Gobierno a la prensa, tras la
aprobación legislativa de una nueva Ley de Comunicación, que el Ejecutivo
considera necesaria para frenar los "abusos" de ciertos medios. La Aedep, estima que la Ley de Comunicación Nacional sólo busca
"apuntalar el monopolio mediático gubernamental".
Para esta asociación, la ley no va a democratizar la información
en el país y "tampoco es verdad que va a devolver la palabra al
ciudadano", como dice el Gobierno.
El Congreso de Ecuador aprobó el proyecto de ley que regula a los medios y reduce la
participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias
de radio y TV. La ley establece una
nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo
34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los
privados con fines de lucro.
El sector privado controla actualmente 85,5% de las
frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Asimismo, la ley crea un consejo de regulación, que
restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o
discriminatorios.
Para los medios comunitarios, la ley establece que el Estado
deberá asegurar su financiación. Por aspectos como este, el texto fue apoyado
por la principal organización indígena del país, la CONAIE, en la oposición. Un
artículo establece que al menos 10% del presupuesto privado para publicidad se
destine a medios comunitarios. En una
consulta popular en mayo de 2011, los ecuatorianos aprobaron la creación del
ente. La ley "se ajusta a lo que
dice la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)",
y sanciona el "linchamiento
mediático", el cual consiste en la "difusión de información
concertada y publicada reiterativamente para desprestigiar a una persona
natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
Además, dispone que 60% de los contenidos televisivos
corresponda a producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música
que difunden las radioestaciones.
El gobernante Rafael
Correa ganó el año pasado al diario El
Universo de Guayaquil, una querella en la cual tres directivos y un exeditor de
opinión fueron condenados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40
millones de dólares. Sin embargo, Correa extendió un perdón judicial y la causa
fue archivada.
Sin duda, las nuevas administraciones políticas de varias
repúblicas de América Latina con programas que propugnan reformas sociales y
organizaciones como Unasur, no gozan de la simpatía de los medios
tradicionales.
Este siglo, sin duda, el debate sobre la Libertad de Prensa
seguirá siendo un tema de mayor preocupación
social, consecuencia de esa mayor
información y análisis que nos ofrecen los medios alternativos. El buen
periodismo, sin duda, tiene asegurada larga vida, porque se deben a sus lectores. Si la prensa gozara de plena libertad, las
sociedades serían más libres, podrían seguir buscando alternativas para lograr más alegría y felicidad colectiva.