Jorge Zavaleta Alegre
Los grandes conglomerados de la prensa se valen de la globalización, alentando más concentración económica para una minoría y así disfrazar la libertad de prensa con frivolidades, frente a las demandas por la inclusión y la igualdad de oportunidades.
En América Latina, la alternativa camina por la formación de un sistema público de canales de televisión y radioemisoras y la multiplicación de los medios comunitarios y de los mejores centros académicos.
Veamos algunas razones. El Gobierno del Perú pretendió aplicar, en alianza con empresas transnacionales, el refrán que recrea Lope de Vega de “El Perro del Hortelano ni come las berzas ni las deja comer al amo”, y así garantizar el ingreso libre a la Amazonía, sin permiso previo de los pueblos originarios, como si fueran los tiempos de la Conquista, que a sangre y fuego se extraían los recursos naturales. Esta errada visión híper liberal produjo en la selva de Bagua, en junio del 2009, decenas de muertes entre pobladores aguarunas y policías.
Este es un hecho que marca un cambio radical de los movimientos políticos que alientan las democracias inclusivas, para antiguas colonias o tierras de esclavos, y que actualmente luchan por acceder al derecho de comunicación, el acceso a la información y el derecho de licencia.
Bagua es un trágico referente para que las democracias inclusivas perciban el mejor uso del espacio radioeléctrico, patrimonio de todos los habitantes de un país. “La brecha de desconfianza de los nativos amazónicos hacia el Estado se ha hecho enorme”, señala el Instituto Bartolomé de las Casas, y plantea volver a revisar los daños causados por las empresas ‘Occidental Petroleum’ y ‘Pluspetrol’, entre otras.
La Defensoría del Pueblo, ante los graves sucesos, planteó la aprobación de la Ley de Consulta. En efecto, los pueblos originarios empiezan un nuevo camino para aplicar el cumplimiento de la flamante Ley N° 29785 que el Convenio 169 de la OIT les confiere desde hace quince años.
La conclusión más contundente viene del líder indígena Denis Pashan, de la organización nacional Aidesep: “Para qué tanta ley se preguntan los dirigentes indígenas, si en el pasado los pueblos se gobernaron solo con tres normas: No seas ladrón. No seas haragán. No seas mentiroso”.
Pero la coacción en contra de los indígenas de América Latina continúa. No es preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP. Lo han demostrado sus 500 socios empresarios en su 67 asamblea realizada en Lima, al no emitir un solo juicio en defensa de los periodistas con procesos judiciales y pequeños medios que defienden la libertad de prensa aún a costa de las vidas de sus redactores.
“La necesidad de la fundación de medios de comunicación de un nuevo tipo de prensa ya es más que evidente”, señala la Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay, país donde está en camino una legislación específica, pero las radios de las comunidades transmiten sin permiso porque “no molestan a nadie”.
El Ministerio de Cultura de Colombia define a estos como espacios de creación cultural, pero solo para pequeñas ciudades, y autoriza la conformación del Consejo Nacional que los articule.
En Argentina se cuenta con permisos provisorios y se permite la adjudicación diferenciada y directa de permisos a emisoras de menos de 1 Kw.
Paraguay autoriza radios de mediano y corto alcance. En Chile hay emisoras de este tipo, pero una sola en una ciudad o comuna y sin publicidad. En Guatemala, el Gobierno está interesado en solucionar el “problema”, pero no se acepta la participación de los grupos interesados.
En Venezuela, los procesos de regulación son por iniciativa del Gobierno. México pasa por un etapa de discusión de nuevos marcos regulatorios.
En Bolivia, la voluntad del Gobierno es que el Estado reconozca, favorezca y apoye el funcionamiento de estos medios populares, dándoles un particular énfasis en las emisoras y proyectos de pueblos indígenas
ʻFOTO: Bosques añejosʼ ofrece la Amazonía en el pincel de la pintora peruana July Balarezo. Fotos: Jorge Arturo Figueroa.
En Brasil se autoriza una frecuencia en todo el país. El Perú y Ecuador, en la Cumbre Presidencial Iberoamericana de octubre, han criticado a la banca y en especial a las multilaterales
por la errada orientación de los recursos, que ha impedido la reforma del Estado, mensaje que se asocia a la revisión del espectro electromagnético, porque la concentración de licencias, y ausencia de medios comunitarios o universitarios, limita la reacción organizada de la ciudadanía.
La radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual son plataformas tecnológicas y espacios privilegiados. Por ello ONGs, periodistas independientes y agencias de noticias alternativas, comparten la tesis de que los medios estatales sean medios públicos para asegurar la construcción y consolidación de las nuevas democracias en América Latina, siguiendo las lecciones de España, Inglaterra y Alemania.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) sintetiza su labor en el slogan: “Democratizar la palabra para democratizar la sociedad”. Nuclea a más de 800 experiencias de emisoras participativas desde las radios mineras con más de 40 años de trabajo social en Bolivia hasta las recientes experiencias
uruguayas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) aprobó el 2000 la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
Y recomienda que en la distribución de las licencias para las radioemisoras y canales de televisión las asignaciones no deban basarse solo en criterios económicos, sino también en criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidad al acceso de las mismas.
La UNESCO, en sus frecuentes declaraciones líricas, trata de elaborar un acuerdo en torno a un “ordenamiento y modernización” que llevará a eliminar progresivamente la ilegalidad. Pero más allá de esas buenas intenciones, en América Latina los estados manejan el implícito concepto de las tres “P”: “Pequeño”, artesanal y comunidades chicas. “Pobres”, por supuesto, sin publicidad ni capacidad de generar recurso genuinos. “Potencia”, baja o bajísima.
Vincular la libertad de expresión, de prensa, de comunicación y el derecho a la información, sin la libertad de antena, es decir sin acceso a los medios que la permitan, la libertad de expresión, es una mera declaración. Un ejemplo a seguir son las redes de comunicación del inicial G-8, muy dinámicas y con grandes resultados que restan el peso del sensacionalismo y evitan que la frivolidad y el monopolio de la insidia marquen la vida de las ciudades.
La influencia de la televisión es una actividad perversa para los niños. La fundación Pablo VI señala que el 91 por ciento de los maestros opina que estimula la pereza. El 86 que perjudica a la comunicación y el 83 por ciento que afecta en el rendimiento escolar, no obstante que las tecnologías digitales brindan una fuente inagotable de recursos y posibilidades.
No hay libertad de prensa si no existe la democratización de las comunicaciones. La innovación digital de la TV, con los sistemas norteamericano, europeo, japonés o brasileño que han ingresado en América Latina, debería estar al servicio de la educación y la integración cultural y el entretenimiento sano y no del mensaje frívolo, el monopolio de la insidia, del chisme y de los escándalos. “Ante la inundación de información hace falta el agua potable de la reflexión”.
Para felicidad de la humanidad, como lo señala el Congreso de Periodismo Digital, de Huesca, existe una creciente demanda de un periodismo de aliento largo, un periodismo reflexivo, analítico y profundo que tiene cabida mejor que en ningún otro espacio en el formato libro. Solo los medios de alta calidad sobrevivirán en esta nueva Torre de Babel. ■